La Policía Federal Argentina allanó y clausuró tres plantas clandestinas de envasado de agua que funcionaban dentro de domicilios particulares en la localidad de Canning, en la zona sur del conurbano bonaerense.
El operativo, denominado “Sed de delito”, fue realizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza, perteneciente al Departamento Federal de Investigaciones, a partir de denuncias anónimas que advertían sobre el funcionamiento irregular de los establecimientos.
Según informó la fuerza, en los inmuebles se trataba y embotellaba agua presuntamente potable para su posterior distribución, principalmente en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Las denuncias también indicaban que desde las supuestas envasadoras se arrojaban sustancias químicas a la vía pública, lo que podía representar un riesgo para la salud de los vecinos y provocar contaminación ambiental.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, encabezado por el juez Luis Antonio Armella, quien ordenó los tres allanamientos luego de reunir las pruebas correspondientes.
Durante los procedimientos, los agentes trabajaron junto con técnicos del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal, quienes tomaron muestras de agua para realizar análisis químicos y controles bromatológicos destinados a determinar su potabilidad.
Además, se inspeccionaron las condiciones de higiene de los domicilios. De acuerdo con la información oficial, los lugares no contaban con habilitaciones ni con la documentación necesaria y presentaban una notoria falta de limpieza para desarrollar ese tipo de actividad.
Ante estas irregularidades, el magistrado dispuso la clausura e inutilización de las maquinarias utilizadas para el tratamiento y envasado del agua.
En los allanamientos fueron secuestrados 600 bidones plásticos de 20 litros, de los cuales 100 se encontraban llenos, tres teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Dos hombres de 62 años y una mujer de 39 fueron notificados de la causa y quedaron a disposición de la Justicia por presuntas infracciones al Código Alimentario Argentino y por el delito de estafa, contemplado en el artículo 172 del Código Penal.
Fuente: (Zona Sur Diario)
